Si es que allá donde metes la cuchara sacas... poso. Decíamos en el escrito de nuestra última publicación sobre el VIII Congreso General Fallero, que caso de convocarse uno nuevo deberían eliminarse los ponentes que lo fueron del anterior.
Al hilo de las constantes protestas en prensa local sobre la manifiesta postura catalanista de la Academia Valenciana de la Lengua, organismo creado por decreto ley para servir intereses políticos de conexiones electoralistas, cabe repasar concretos enunciados de la paupérrima redacción del vigente.
En su título preliminar, apartado 5, te sueltan lo siguiente: “El Exmo. Ayuntamiento de Valencia se acomodará, en cuanto a la ortografía y vocabulario de la lengua valenciana, a lo que dictamine la Academia Valenciana de la Lengua”.
Ahí lo tienen, ‘a la primera cucharada una mosca’. Y uno se pregunta, ¿qué falta le hacía al reglamento esa academia existiendo la reconocida y siempre vigente Real Academia de la Lengua Valenciana?
Así nos va, cuestión de darse una vuelta por las cinco fallas de la calle Cirilo Amorós, por ejemplo, y leer los carteles de cada una de ellas. No coincidían dos redacciones de un mismo estilo genérico gramatical y lo peor es que abundaban los modismos en catalán, por desgracia. Y no digo de seguir la ruta por más calles de la ciudad.
Entre unos y otros nos han montado una menestra de idioma que no hay quien se aclare, así que cada cual escribe como le da la gana y los roderos de los académicos (AVL) sembrando la confusión, que para eso cobran.
Desde un principio la nomenclatura de su enunciado ya daba para el mosqueo subjuntivo en alto grado. ¿Valenciana de la Lengua? ¿Y por qué no de la Lengua Valenciana?
Claro ejemplo de que los que redactaron el pingo de reglamento que hoy tenemos sólo tuvieron presentes sus voluntades y las de los de arriba, los ‘dictaferros’ de la confusa política que entonces se amasaba.
Y otra empanada consentida en la última asamblea. Que digo yo, y no me gusta personalizar, que para conformar unas clasifi caciones de las fallas justas por secciones, lo primero sería exigir con declaraciones juradas la verdad de lo que cada comisión se gasta en el monumento, recoger denuncias bajo sospechas y auditar a los presuntos infractores. Cuando se hubiera ‘enganchado’ a un par de ellos y aplicado sanciones que escocieran, seguramente se habrían terminado las manipulaciones, los engaños y las conveniencias para militar en categorías a la carta.
Que no nos vengan con milongas cuando -por ejemplo- una comisión se gasta miles de euros menos de lo declarado en el contrato y cobra la subvención por el total de lo revelado. Así llevamos ya años y desde que se concedieron las ayudas todavía con más descaro, aunque también se sepa de las que declaran menos para no ascender de categoría por más que pierdan parte del porcentaje. Suprimir del reglamento los Jurados de Estimación. Éste fue otro de los regalos que nos dejaron aquellos procuradores de primeros de los años 2000, unos preceptos de los que ya entonces se caían las absurdas parrafadas como las hojas otoñales de los plataneros. Si no rajaran luego, nada se hubiera sabido.
