Levante EMV-E. P., Valencia
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, avanzó ayer que "se está preparando una nueva normativa para compatibilizar la excepcionalidad de las Fallas con los derechos de los ciudadanos". Su departamento y el Ayuntamiento de Valencia han mantenido varias reuniones en los últimos meses, la última precisamente tuvo lugar ayer, en busca de "ese punto de equilibrio", reveló.
Castellano, que se pronunció en estos términos en una rueda de prensa sobre el derecho de admisión en espectáculos y locales de ocio al ser preguntado por la posibilidad de realizar una posible reglamentación de los casales falleros, señaló que esta misma mañana - por ayer-, mantuvieron un encuentro para tratar este tema el presidente de la Junta Central Fallera y concejal del Ayuntamiento de Valencia, Félix Crespo; la directora general y el secretario autonómico de la Conselleria de Gobernación.En este sentido, explicó que "el amparo legal es lo que estamos tratando estos momentos y, además de para los casales falleros, la normativa también podrá servir otras fiestas que se celebran en la Comunitat Valenciana, como son los Moros y Cristianos, las Hogueras de Alicante, las casetas de la Magdalena en Castellón, así como casales de diversas peñas festeras", añadió.
Fruto de este trabajo que se está realizando se propondrán las modificaciones normativas necesarias en cada caso, adelantó Castellano.
La preparación de la nueva normativa que ayer anunció el conseller de Gobernación se conoce ahora a raíz del cierre judicial que ordenó el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia del casal fallero de la comisión Villarrobledo del Barrio del Cristo de Aldaia hasta que el colectivo obtenga las licencias administrativas.
El fallo judicial fue consecuencia de las denuncias de dos vecinos de la zona. Precisamente, la actuación se produjo en un municipio donde existe un protocolo de convivencia para aminorar las molestias a los vecinos y los funcionarios de la Generalitat son quienes supervisan las condiciones de los locales falleros, con lo cual obtienen una licencia y sus instalaciones se encuentran insonorizadas. Todo lo contrario que sucede en Valencia donde los casales carece de cualquier supervisión.
El caso de Aldaia tuvo un precedente en 2007 en Gandia cuando otro juez dictó el cierre de la falla El Mosquit aunque en esa ocasión el asunto apenas duró dos días porque se aceleró la licencia de la comisión fallera.
