El sector pirotécnico, representado a través de la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y de la Asociación Valenciana de la Pirotecnia (PIROVAL) con apoyo de la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) y de la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP), exige a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana que ponga todos los medios para garantizar la celebración de la mascletá del 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, tras la Procesión Cívica y la ofrenda al rey Jaime I, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El sector pide seguridad jurídica a la representación del Gobierno central en la comunidad autónoma, le reclama la restitución inmediata del uso público de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y advierte de posibles responsabilidades penales y patrimoniales a los responsables políticos.
La industria pirotécnica expresa su “profunda preocupación e incertidumbre” ante la falta de garantías de seguridad para el normal desarrollo de los actos oficiales de la festividad del 9 d'Octubre y la cita internacional de la próxima semana en la plaza del Ayuntamiento de València. El sector califica de “inadmisible e incongruente” la complicidad institucional de la Delegación del Gobierno, que debiendo autorizar formalmente los espectáculos pirotécnicos para el 9 d'Octubre y el 20th International Symposium on Fireworks, “consiente simultáneamente una acampada ilegal que impide físicamente el montaje seguro de las instalaciones”.
El sector pirotécnico exige a la administración competente, en este caso la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, “una solución inmediata” que garantice de forma estricta la celebración de la mascletá prevista para el Día de la Comunidad Valenciana.
El sector advierte que la persistencia de esta situación “obligará a exigir responsabilidades patrimoniales directas a la Administración por todos los daños y perjuicios económicos derivados de la suspensión o alteración de los actos”. AEPIRO y las demás asociaciones denuncian “la intolerable inacción de la Delegación del Gobierno, cuya pasividad ante una ocupación ilegal que ya es abiertamente indefinida ampara un desborde intolerable del derecho de reunión”. Los representantes del sector pirotécnico recalcan que “esta flagrante dejación de funciones traspasa la línea de la mera gestión administrativa, advirtiendo que, al comprometerse de forma crítica la seguridad y los bienes públicos, los hechos darán lugar a la exigencia de responsabilidades personales, incluso penales, de las autoridades responsables”.
AEPIRO advierte también que tolerar la ocupación del espacio público no solo impide los disparos, sino que “sabotea directamente un Bien de Interés Cultural (BIC) blindado por el Estado mediante el Decreto 127/2016 (BOE de 14 de noviembre de 2016), que protege legalmente la Procesión Cívica y los actos oficiales que concluyen en la plaza”.
Peligra el XX International Symposium on Fireworks
“La ocupación de la plaza no solo amenaza la tradicional mascletà de la fiesta autonómica, sino que pone en jaque la celebración del 20th International Symposium on Fireworks,
el congreso mundial más importante del sector pirotécnico que se celebra del 11 al 16 de octubre de 2026”, manifiesta la Asociación Española de la Pirotecnia. Valencia ha sido elegida como la capital mundial de la pólvora para congregar durante esos días a delegaciones de la industria pirotécnica de potencias como China, Estados Unidos, Italia y Japón.
“El perjuicio en la reputación y la economía, de no poder arrancar el congreso, es incalculable”, según estima AEPIRO. “La plaza del Ayuntamiento es el escenario idóneo y exclusivo del gran espectáculo de apertura del Symposium”, programado para el domingo 11 de octubre a las 20.30 horas. Este show internacional inaugural “requiere obligatoriamente una plaza despejada y segura”, según advierte la Asociación Española de la Pirotecnia, quien considera que “la imposibilidad de realizar este disparo y la mascletà del 9 d'Octubre supondría dejar en evidencia a la ciudad ante cientos de congresistas y compañías internacionales”.
La normativa ITC impide la improvisación y los traslados
Ante las posibles propuestas políticas de trasladar o modificar los espectáculos a última hora, la Asociación Española de la Pirotecnia y las demás asociaciones recuerdan de forma tajante que “los espectáculos pirotécnicos de gran envergadura no se pueden improvisar”. Cualquier disparo en el centro de la ciudad está sujeto a la estricta Instrucción Técnica Complementaria (ITC) del Reglamento de Pirotecnia estatal. Esta ley impone perímetros de seguridad y zonas de exclusión milimétricas que requieren mesas de seguridad previas, meses de previsión técnica y la firma de planes de emergencia. “Cambiar la ubicación de la mascletà o del show del día 11 de octubre de manera improvisada es inviable legal y técnicamente; pretender disparar con estructuras ajenas montadas en la plaza pondría en riesgo la seguridad pública y anularía los permisos”.
Reclamación por daños y perjuicios
“Detrás de cada espectáculo hay meses de inversión, diseño digital, contratos laborales y fabricación de material pirotécnico y de plataformas específicas para la fisonomía de esta plaza”, destaca la Asociación Española de la Pirotecnia y las demás asociaciones, cuyos representantes advierten que. “los profesionales y las empresas internacionales participantes no pueden ser los rehenes ni pagar las consecuencias de una falta de firmeza institucional en la gestión del espacio público”.
La Asociación Española de la Pirotecnia y las demás representantes del sector anuncian formalmente que “reclamarán por vía judicial el total de los daños y perjuicios económicos causados a las empresas adjudicatarias y marcas internacionales patrocinadoras en caso de que los espectáculos de la plaza del Ayuntamiento tengan que suspenderse, retrasarse o sufrir modificaciones por no garantizarse el montaje seguro”.
Derecho al trabajo
El sector pirotécnico, a través de AEPIRO y las demás asociaciones sectoriales, apuestan por garantizar “el derecho a la manifestación pacífica, pero defienden que este no puede destruir el prestigio internacional de Valencia ni vulnerar el derecho al trabajo de una industria que genera un impacto económico directo en la capital valenciana”.
AEPIRO respeta escrupulosamente los derechos constitucionales, pero también recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “la medida de prohibición o limitación de una movilización es plenamente admisible si la reiteración o la ocupación excesivamente prolongada del espacio pone en peligro los bienes y derechos que las autoridades deben proteger, algo que ocurre críticamente en la Plaza del Ayuntamiento al comprometerse la seguridad pública y el desarrollo de un Bien de Interés Cultural (BIC)”.
